La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (La Enee) ha sido objeto de una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la cual se han detectado indicios de responsabilidad penal debido a la aplicación de condonaciones y amnistías a usuarios deudores del servicio de energía eléctrica. Estas acciones han generado una pérdida de 1,836 millones de lempiras.
El informe de la auditoría ha sido remitido al Ministerio Público (MP) para que se investigue y determine las responsabilidades correspondientes.
El TSC ha respondido a una denuncia que señalaba una mala gestión de los fondos públicos por parte de la Enee, específicamente en la aplicación irregular de amnistías y condonaciones, amparadas en los decretos legislativos números 129-2017, 51-2018 y 26-2019, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2019.
La investigación, llevada a cabo por la Dirección de Participación Ciudadana, tenía como objetivo evaluar el alcance de los decretos y verificar su cumplimiento. Como resultado, se ha constatado que el Estado dejó de percibir la suma de 1,863 millones de lempiras.
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Estas condonaciones y amnistías abarcaron conceptos como capital adeudado, recargos, multas e intereses, lo cual ocasionó una pérdida de 1,192,417,770.35 lempiras. Además, se perdonaron saldos a pagar sin recargos, multas e intereses, lo que representó una pérdida adicional de 644,423,754.26 lempiras.
Un total de 42,905 usuarios fueron beneficiados con estas condonaciones. Sin embargo, la auditoría advierte que la aprobación para la condonación de capital adeudado se otorgó a usuarios que no cumplieron con sus obligaciones ante la Enee. Se destaca que un grupo de usuarios pertenecientes a una zona residencial acumuló una deuda superior al medio millón de lempiras.
Entre los beneficiados se encuentran el Ministerio Público, la Alcaldía de Sinuapa en Santa Bárbara, y el exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore. Estos casos específicos han llamado la atención debido a las sumas condonadas.
La Enee deberá enfrentar las consecuencias de estas irregularidades y garantizar una gestión más transparente y responsable en el futuro.
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