El presidente Nayib Bukele ha impulsado un polémico mecanismo de seguridad que hasta la fecha ha resultado en el arresto de al menos 68 mil presuntos delincuentes sin órdenes de captura, pero también ha registrado la muerte de 153 reclusos en prisión.
Esta estrategia de seguridad ha generado seguidores debido a sus resultados, como el logro de un año completo sin homicidios el pasado 10 de mayo, contabilizando 365 días no consecutivos.
Sin embargo, también ha recibido críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos, maltrato a los reclusos, impunidad, falta de transparencia y limitado acceso a la información por parte de las autoridades.
Bessy Ríos, analista y defensora de derechos humanos salvadoreña, afirmó en el programa Frente a Frente de Canal 5 que “era necesario restringir los derechos humanos para realizar detenciones masivas y penetrar en territorios que ni siquiera los soldados podían ingresar debido al control total de las maras y pandillas”. Sin embargo, enfatizó en que esta medida debe ser excepcional y no permanente.
Ríos también señaló que el sistema no es perfecto, ya que las fuerzas de seguridad suelen aplicar la frase “te llevo ahora y averiguo después”, lo que implica que las detenciones pueden llevarse a cabo sin que existan indicios claros de que la persona capturada sea un delincuente, dejando todo a la discreción de los policías y soldados.
Honduras y la región deben considerar esta estrategia
El sociólogo Pablo Carías sugirió que para combatir la inseguridad en Honduras, se debería tomar en cuenta la estrategia implementada en el país vecino, ya que es la única opción disponible por ahora. Además, señaló que los altos costos de seguridad, tanto pública como privada, hacen que las operaciones de las empresas sean difíciles y obstaculizan su desarrollo.
Por su parte, Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), afirmó que el modelo de seguridad de Nayib Bukele es la opción más cercana para el futuro inmediato, especialmente después de probar con el bipartidismo durante 40 años sin obtener grandes resultados.
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En diciembre de 2022, Honduras decretó un estado de excepción, el cual ha sido extendido hasta el 5 de julio de 2023. Según la Secretaría de Seguridad, los resultados más importantes de esta medida incluyen la desarticulación de 150 bandas criminales y la incautación de más de 2 mil armas.
No obstante, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denuncia que de los más de 8 mil detenidos durante el mecanismo, solo se han judicializado 80 casos, lo que consideran un fracaso.
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